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El  sistema patriarcal ha colocado a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría y legitima unos consensos amplios en cuanto a la naturalidad de la inferioridad femenina. En este sentido, no es posible de hablar, hoy en día en nuestras sociedades,  de igualdad real ni de ciudadanía plena para las mujeres.En razón de su género se las margina y se las trata como desiguales en todos los espacios y ámbitos de la vida. Las mujeres no poseen las mismas posibilidades y oportunidades que los hombres. Y permanecen al margen tanto de los procesos de toma de decisiones en la construcción de la paz y el desarrollo como en el usufructo equitativo de los bienes y recursos comunes del desarrollo.


Las múltiples y simultáneas formas de discriminación y opresión presentes en la vida de las mujeres interactúan generando un continuum de diversas manifestaciones de violencias que  impiden la realización de sus derechos humanos, entre ellos vivir con y en libertad, libres de violencia y sin miedos y poder decidir sobre  sus vidas y cuerpos.  El estrecho vínculo entre las violencias contra mujeres y pobreza de las mujeres es una constancia que atenta contra su integridad y autonomía ya sea económica, física, psicológica o política. 


La terminación de la confrontación armada por vía del dialogo y un acuerdo de de paz es un paso significativo, pero es el comienzo de una reconstrucción del país sobre el fundamento de la democracia y la ética civil que debe garantizar la inclusión de una perspectiva de género y la interseccionalidad para garantizar la participación efectiva de las mujeres y la justicia de género.


El Semáforo es una herramienta que integra distintos indicadores elaborados con base en información oficial, que constituyen un conjunto sintético de condicionantes de la Autonomía Económica, Física y Política de las Mujeres. Con ello se hace seguimiento a la situación de las mujeres en Cartagena de Indias  y en el Departamento de Bolívar, considerando que las dinámicas societales y el modelo de desarrollo de la región discrimina, ubica a las mujeres en un segundo lugar y no reconoce las diferencias de género. Y así mismo, que en la institucionalidad local no hay un suficiente compromiso expreso para con la igualdad y equidad de género y la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas que deben garantizar en plenitud los derechos humanos de las mujeres. 

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